La última carta del imperio

En el primer día de la Asamblea General de la ONU se pudieron escuchar discursos resonantes. Algunos mandatarios mantuvieron consignas fuertes, movilizadoras. Los mayores líderes de Latinoamérica exigieron la restitución inmediata de Manuel Zelaya al gobierno hondureño y pidieron a la comunidad internacional una posición más firme ante el gobierno de facto de Roberto Micheletti que tiene cercada la embajada brasileña donde se encuentra el presidente democrático. Los presidentes de Venezuela, Chile, Brasil, Argentina, Uruguay, volvieron a manifestar su repudio a la ruptura constitucional en Honduras.

El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también dejó clara su posición, contra el armamentismo de algunos países de Sudamérica y defendió el acuerdo con Estados Unidos para instalar al menos siete bases militares norteamericana en su territorio. “Reconocemos el esfuerzo de Estados Unidos de trabajar con nosotros para desmantelar el narcoterrorismo”, mantuvo el líder colombiano respaldado por el balance oficial del Plan Colombia que habla de una reducción del 60 por ciento de la producción de cocaína desde su inicio. Por cierto, Uribe podría revisar el informe de Naciones Unidas, que no muestra semejante saldo positivo y por el contrario informa sobre un aumento del 27 por ciento durante el último año.

El mandatario parece haber olvidado varios años de historia, y de influencia norteamericana en el continente. Pero no nos quedemos con problemas menores y volvamos a lo que verdaderamente amenaza a la región y preocupa a los “medios independientes”, el armamentismo sudamericano, principalmente el de Venezuela. Recientemente, el presidente Hugo Chávez compró a Rusia una flota de helicópteros, aviones y armamento de guerra. El mismo presidente bolivariano no tuvo problemas en explicar cual fue el incentivo de semejante compra. “Nosotros no queríamos comprar armas, pero ¡qué íbamos a hacer si los yanquis están montando siete bases militares ahí! Nos estamos equipando para la defensa”.

En su intervención en la ONU, Álvaro Uribe manifestó su preocupación por la compra de armas de algunos países sudamericanos. “Nuestro objetivo es recuperar la seguridad doméstica, nunca participar en una carrera armamentista dentro del juego sangriento de la guerra internacional. Nuestra tradición es de respeto de la comunidad internacional”, manifestó el presidente. Pero el gobierno colombiano no se mostró tan predispuesto a recuperar la seguridad regional frente a la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR).

En la reunión que mantuvieron cancilleres y ministros de Defensa el pasado 15 de septiembre el Quito, Colombia se negó a dar garantías formales sobre las actividades en las bases norteamericanas que se instalarán en su territorio. Los representantes colombianos no quisieron mostrar el texto completo de su acuerdo con Estados Unidos. A nadie escapa la amenaza que esto constituye. La paz regional y la soberanía territorial no se pueden garantizar con un gobierno que se muestra tan intransigente ante los reclamos de sus pares sudamericanos.

Desde que el gobierno del presidente Rafael Correa se rehusó a continuar el acuerdo de la Base de Manta con Estados Unidos, el Imperio intentó buscar otras alternativas para mantener su presencia en el sur del continente. Pero los gobiernos ya no cederán, como no cedió el presidente paraguayo, Fernando Lugo, hace algunos días cuando rechazó la presencia de 500 militares estadounidenses, coincidencia con lo debatido en la cumbre de UNASUR en Bariloche. Allí, los presidentes mostraron solidez y convencimiento, producto de una unidad ideológica que ya no aceptará la influencia norteamericana en la región.